Para cuándo...

Una ley educativa que defiende en su raíz un enfoque competencial e inclusivo debiera por lógica repensar el problema de las ratios en las grandes ciudades y los modelos de enseñanza, que supongan una reestructura de los agrupamientos docentes (codocencia, proyectos colaborativos entre docentes, descentralización curricular del viejo modelo por disciplinas...), así como de los espacios, tiempos y organización de centro. Igualmente debiera asumir y reparar la dejadez en las políticas de asignación de plazas y gestión del equilibrio entre centros en el sistema educativo público, que condena a los centros a la regla darwinista de la libre elección, sin arbitrar mecanismos que regulen la equidad y la inclusión para evitar con ello guetos y elitismos.

La situación de vulnerabilidad socioeconómica a la que se ven sometidas cada vez más familias, muchas de ellas de clase media precariada, aumenta la distopía de un sistema educativo público debilitado, low cost, que reproduzca en su seno la brecha que viven estas familias. A más pobreza, el sistema educativo necesita de más medios económicos y humanos que fortalezcan las necesidades y carencias que la crisis sanitaria y económica dejó y se prevé que siga dejando en un proceso que solo parece estar en su fase preliminar.

Mi percepción cuando hablo con gestores de nuestra política educativa es preocupante por su obstinada falta de empatía hacia este grave problema, cuando no su pertinaz obstinación en no dotar al sistema de mecanismos, medios y profesionales que ayuden a ir entablillando una estructura que está seriamente afectada, poniendo en peligro el ascenso social y económico de nuestros alumnos.

De nada sirve hacer una ley que en su letra propugne principios éticos razonables, si después no dota al sistema de medios y estructuras que faciliten a los docentes su implementación. Pocos docentes confían en que esta ley no deje una vez más en manos del voluntarismo profesional un sistema tocado de inanición presupuestaria y cobardía política. Los actos hablan por sí solos. Solo ellos debieran ser nuestra brújula. Los gestos y las intenciones son humo en boca de consejeros y delegados. Centros que cierran, líneas de necesidad y demanda demostradas que no son aceptadas, raquitismo presupuestario a la hora de dotar de profesionales en departamentos de orientación y centros con necesidades graves... Eso sí, inflamos de nuevo el sistema de proyectos rutilantes que hinchan el ego político y no alimentan la calidad de la educación real, la que se hace a pie de aula y no en despachos de gestores que parecen sacados de gabinetes empresariales, pensando en cómo con el menor coste económico pueden obtener el mayor rédito político. Los hechos no hablan bien de la gestión política de la educación, por mucho que el argumentario venga acompañado de retórica de congreso e intenciones que el tiempo demuestra mera impostura (desvergüenza, dirían algunos).

Es la hora de los hechos, e irremediablemente de la acción colectiva. La comunidad educativa debe reaccionar ante la dejadez, el ninguneo, la indolencia, el escaso compromiso de la consejería ante demandas ponderadas desde la realidad que vive cada centro. A cada respuesta indolente debe corresponder una respuesta contundente de los centros, empoderados desde la responsabilidad hacia alumnos y familias, quienes deben ser informados de la precariedad presupuestaria, de medios y personas, que sufren los centros, a la hora de ofrecer una educación de calidad. Esto supone exigir que nuestros hijos puedan tener una educación competencial en aulas con un número de alumnos decente, con dotación de docentes adecuada a las necesidades que tiene el centro, no las que intuye la consejería. Es hora de que la comunidad educativa saque músculo y exija lo obvio, siendo consciente de los mecanismos engañosos de compensación y silencio cómplice a los que somete la consejería a los centros que piden medios; un mecanismo que cuece la rana sin que se entere.

Las familias deben saber que si su hijo/a está en un aula con 30 alumnos y sin medios humanos sostenibles que faciliten el desarrollo de múltiples competencias y la solución a problemas de aprendizaje (con profesionales que refuercen, apoyen, eviten tener que contratar a profesores particulares), debe exigir que así sea, penalizando con su denuncia a los gestores y apoyando a los docentes en acciones de reivindicación legítima que fuercen ese cambio razonable. Las viejas formas de resistencia ciudadana basadas en huelgas genéricas han demostrado ser ineficaces. Requerimos un modelo reivindicativo que opere desde la proximidad y contextos reales que viven los centros, y que movilice a su comunidad educativa y al desarrollo comunitario de los barrios donde se insertan los centros.

La pobreza educativa es un efecto más de la pobreza social y económica y requiere soluciones de profundo y largo calado, que no solo exige a las políticas educativas, también a ayuntamientos y sociedad civil. Estamos en un momento histórico de una delicada inestabilidad, que derrumba convicciones, exige de nosotros unidad y determinación, más allá de las diferencias. No tomar como nuestro este compromiso supondrá dejar a nuestros hijos una escuela más débil y un futuro más oscuro.